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La L.O. 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O 10/1995, de 23 de noviembre, del CA?digo Penal de EspaAi??a, en su preA?mbulo II se detalla ai???la reforma introduce una nueva pena de prisiA?n permanente revisable, que podrA? ser impuesta A?nicamente en supuestos de excepcional gravedad ai??i??asesinatos especialmente graves (sobre menores de 16 aAi??os o mediante grupos organizados), homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos mA?s graves de genocidio o de crAi??menes de lesa humanidadai??i?? en los que estA? justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposiciA?n de una pena de prisiA?n de duraciA?n indeterminada (prisiA?n permanente), si bien sujeta a un rAi??gimen de revisiA?nai??i?? La prisiA?n permanente revisable, cuya regulaciA?n se anuncia, de ningA?n modo renuncia a la reinserciA?n del penado: una vez cumplida una parte mAi??nima de la condena, un tribunal colegiado deberA? valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrA? revisar su situaciA?n personalai???. Esta Ley OrgA?nica entra en vigor el 1 de julio de 2015.

BOE_prision_revisableLa implantaciA?n de una medida inAi??dita como Ai??sta en nuestro Ordenamiento JurAi??dico, abre el debate sobre la posible incongruencia de este sistema con el objetivo de las penas que marca nuestra ConstituciA?n EspaAi??ola en su art. 25.2, su orientaciA?n hacia la reinserciA?n social del penado. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que este tipo de medidas, como es la prisiA?n permanente, es ajustada a la ConvenciA?n Europea de Derechos Humanos siempre y cuando se fije un sistema de revisiA?n, tal y como ha plasmado el legislador en esta reforma.

Este tipo de polAi??tica criminal de endurecimiento de penas, histA?ricamente se ha vislumbrado como ineficaz siendo EspaAi??a un ejemplo de ello; actualmente somos uno de los paAi??ses europeos con menor tasa de delincuencia y, sin embargo, ostentamos el dudoso honor de tener el porcentaje mA?s alto de presos por habitante. La consecuencia mA?s directa que se puede derivar de la aplicaciA?n de esta reforma es una falta de recursos econA?micos para afrontar un volumen tan elevado de permanencia en nuestro sistema penitenciario. Contar con criminA?logos a la hora de formular este tipo de propuesta, hubiera ayudado a plasmar la realidad criminolA?gica de nuestro paAi??s y asAi?? legislar en base a ello, para cubrir necesidades actuales y no expectativas de populismo penalista.

Debemos recordar que el fin de la pena es la reinserciA?n, por lo que, desde el punto de vista personal y en relaciA?n con el penado, la incertidumbre de la duraciA?n total de la pena puede afectar al nA?cleo de su motivaciA?n que puede llevarle a una desidia en el cumplimiento de la pena, con todo lo que supone en una situaciA?n de privaciA?n de libertad. AdemA?s, los conflictos internos en los centros penitenciarios pueden resurgir con mayor facilidad cuando dentro de los mismos se fragua nulas expectativas de libertad, asAi?? como ausencia de motivaciA?n hacia el tratamiento e involucraciA?n en actividades que orienten hacia su reinserciA?n social. Como resultado y consecuencia mA?s cruel serA? la cosificaciA?n del penado durante su internamiento penitenciario.

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