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La L.O. 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal de España, en su preámbulo II se detalla “la reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad –asesinatos especialmente graves (sobre menores de 16 años o mediante grupos organizados), homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión… La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal”. Esta Ley Orgánica entra en vigor el 1 de julio de 2015.

BOE_prision_revisableLa implantación de una medida inédita como ésta en nuestro Ordenamiento Jurídico, abre el debate sobre la posible incongruencia de este sistema con el objetivo de las penas que marca nuestra Constitución Española en su art. 25.2, su orientación hacia la reinserción social del penado. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que este tipo de medidas, como es la prisión permanente, es ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos siempre y cuando se fije un sistema de revisión, tal y como ha plasmado el legislador en esta reforma.

Este tipo de política criminal de endurecimiento de penas, históricamente se ha vislumbrado como ineficaz siendo España un ejemplo de ello; actualmente somos uno de los países europeos con menor tasa de delincuencia y, sin embargo, ostentamos el dudoso honor de tener el porcentaje más alto de presos por habitante. La consecuencia más directa que se puede derivar de la aplicación de esta reforma es una falta de recursos económicos para afrontar un volumen tan elevado de permanencia en nuestro sistema penitenciario. Contar con criminólogos a la hora de formular este tipo de propuesta, hubiera ayudado a plasmar la realidad criminológica de nuestro país y así legislar en base a ello, para cubrir necesidades actuales y no expectativas de populismo penalista.

Debemos recordar que el fin de la pena es la reinserción, por lo que, desde el punto de vista personal y en relación con el penado, la incertidumbre de la duración total de la pena puede afectar al núcleo de su motivación que puede llevarle a una desidia en el cumplimiento de la pena, con todo lo que supone en una situación de privación de libertad. Además, los conflictos internos en los centros penitenciarios pueden resurgir con mayor facilidad cuando dentro de los mismos se fragua nulas expectativas de libertad, así como ausencia de motivación hacia el tratamiento e involucración en actividades que orienten hacia su reinserción social. Como resultado y consecuencia más cruel será la cosificación del penado durante su internamiento penitenciario.

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