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La Doctrina Parot recibe su nombre derivado de la jurisprudencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006 (sentencia nº197/2006) a raíz de un recurso presentado por Henri Parot, en el que se permite ejecutar la totalidad de las condenas al aplicar de forma individual los beneficios penitenciarios y no sobre el máximo legal de 30 años de prisión. La problemática nace de aplicar esta doctrina a aquellos delitos cometidos con anterioridad al 2006 ya que supondría la aplicación retroactiva de una ley penal, supuesto que está prohibido por nuestra Constitución Española (CE).

Sentencia EstrasburgoSe interpuso recurso contra la Doctrina Parot ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y el 21 de octubre de 2013, este Tribunal confirma así que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se aplicó de forma retroactiva y la CE, en su art.9, prohíbe la retroactividad de las normas y, tal y como ha sentenciado, la Doctrina Parot atenta contra ella. Esta decisión afecta no solo a la puesta en libertad de miembros de banda terrorista, sino a individuos con delitos muy graves, entre ellos, al menos ocho agresores sexuales que acumulan casi una centena de agresiones sexuales, muchas de las cuales generaron una gran alarma social en España.

La Sala segunda del Tribunal Supremo dispuso tras la resolución del Tribunal de Derechos Humanos “En los casos de sentencias condenatorias en ejecución, dictadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2006, en las que se aplique el CP derogado de 1973, por no resultar más favorable el CP de 1995, las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido Código de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad a la sentencia de esta Sala nº 197/2006, de 28 de febrero”.

Este hecho ha permitido poner en libertad a condenados con penas largas, con el consiguiente levantamiento social sobre la salida de prisión de sujetos que cumplían condenas de asesinato, agresiones sexuales y terrorismo. A pesar de que éstos habían ejecutado el cumplimiento de su pena, y por lo tanto el objetivo de ésta, su reinserción social, la sociedad se niega a que éstos se instalen a vivir entre ellos. Especial interés tienen los delincuentes sexuales ya que existe una creencia generalizada de que son reincidentes.

Ante estas creencias se demanda del Estado medidas que garanticen que éstos sujetos van a estar vigilados o van a estar apartados del día a día de la sociedad en su estado de libertad. Cualquiera de estas medidas se vería como una política criminal que no se acerca a las necesidades de estos sujetos a pesar de que sus delitos son de gran resonancia social, sino al gran alarmismo social, circunstancia que los políticos recogen para prometer reformas legislativas que llegan a confrontarse con nuestra Constitución Española Art 25.2 “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”. Las propuestas de reforma de libertad vigilada, seguimiento y control de delincuentes sexuales después de cumplir sus condenas, no tendrían  viabilidad en nuestro actual sistema de cumplimiento de penas sin que se produzcan reformas que posibiliten la compatibilidad de estas propuestas con nuestra ley constitucional.

Dentro de las políticas criminales llevadas a cabo por otros países conocemos que Estados Unidos ha diseñado un registro de delincuentes que permite que las autoridades gubernamentales realicen un seguimiento sobre la residencia y actividades de los que son incluidos en el registro y que han cumplido su condena judicial. Las nuevas tecnologías y la rapidez con que fluye la información a través de ellas, ha puesto a disposición del público el acceso al registro.

La Ley Megan surge en Estados Unidos, a raíz de que el 29 de julio de 1994, Megan Kanka una niña de 7 años fue asesinada en el Condado de Mercer (Nueva Yersey) por un delincuente sexual que previamente había sido condenado por crímenes sexuales y que vivía cerca de ella. Estas leyes en Estados Unidos exigen a las autoridades policiales que hagan pública la información sobre los delincuentes sexuales registrados. Cada Estado decidirá la forma y el cómo difundirá esa información. La obligación puede ser fijada por un período limitado (no inferior a 10 años) o bien de forma permanente.

La ley Megan se crea con el fin de proporcionar información al público en general, registro de delincuentes sexuales y una notificación en las ciudades o lugares en los que van a residir. Este hecho ha posibilitado una persecución social sobre los individuos que han cumplido condena por delitos sexuales.

En el Estado de Florida, en Miracle Village, residen 100 individuos (de una población de 200) que han cumplido condena por delitos sexuales. Las leyes de Florida, exigen que delincuentes sexuales no pueden vivir a menor de 300 metros de la una escuela, guardería, parque y en algunos casos se ha ampliado a piscinas, paradas de autobús y bibliotecas. Se apartan de las ciudades grandes, para recluirse en espacios íntimas, y de este modo reestructurar su vida en sociedad. Los vecinos conocen en todo momento quién ha sido condenado por un delito sexual, y los incluyen en las actividades de su día a día. No existen niños en la Village tampoco llega el autobús escolar y los vecinos del pueblo más cercano se mueven entre la aceptación y la resignación.

En Canadá existe Registro Nacional Delincuentes sexuales pero su información no es de difusión pública.

Estos ejemplos permiten valorar de forma comparativa el impacto que tendrían en nuestra sociedad políticas de criminalidad que limitasen el acceso de delincuentes, tras cumplir sus penas, a la comunidad en general y en los barrios residenciales en particular. Se requerirá para la aplicación de estas medidas verificar no solo su eficacia en nuestro entorno social sino su eficiencia, y de este modo conocer los beneficios que llevarían aparejada una medida como la libertad vigilada, frente a los costes que supondrían para el conjunto de la sociedad.

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