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La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaciA?n del sistema de protecciA?n a la infancia y a la adolescencia, publicada en BOE el 29 de julio de 2015 dotarA? de una mayor protecciA?n a los menores y personas especialmente vulnerables, que contrasta con los 19 aA�os que tiene vigencia la anterioridad ley. Los cambios sociales continuos y la globalizaciA?n a la que estamos sometidos requieren que el legislador contemple diversas modalidades concretas delictivas que permitan una mayor protecciA?n de la infancia y adolescencia.

Esta Ley consta de cuatro artA�culos, veintiuna disposiciones finales, ademA?s de siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y una disposiciA?n derogatoria.

Registro con adnConcretamente se modifica La Ley OrgA?nica 1/1996, de 15 de enero, de ProtecciA?n JurA�dica del Menor, de modificaciA?n parcial del cA?digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en diversos artA�culos. Especial atenciA?n requiere el cambio que se produce, por su novedad en nuestro paA�s, en su artA�culo 13 que se incorporan dos nuevos apartados el 4 y 5 en relaciA?n a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotaciA?n de los menores.

Por una parte, se establece el deber que tienen todas las personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotaciA?n de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, artA�culo 13.4 a�?Toda persona que tuviera noticia, a travA�s de cualquier fuente de informaciA?n, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotaciA?n de menores, tendrA? la obligaciA?n de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaciA?n procesal penala�?. Se garantiza que los menores no estA�n sometidos a un trato degradante, o inmersos en la prostituciA?n con conocimiento de personas que estA�n en su entorno; de una obligaciA?n moral pasa a ser una obligaciA?n legal.

Se establece, ademA?s, como requisito para poder acceder y ejercer una profesiA?n o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotaciA?n de menores, que ya marcaba la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotaciA?n sexual de los menores y la pornografA�a infantil, artA�culo 13.5 a�?SerA? requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algA?n delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresiA?n y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaciA?n sexual, prostituciA?n y explotaciA?n sexual y corrupciA?n de menores, asA� como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberA? acreditar esta circunstancia mediante la aportaciA?n de una certificaciA?n negativa del Registro Central de delincuentes sexualesa�?. Tras los A?ltimos acontecimiento sociales de gran relevancia social en el cual se ha tenido conocimiento de abusos sexuales en personas que estaban en contacto con ellos por su actividad profesional, se intenta garantizar que el acceso a puestos de trabajo en los cuales el contacto con menores sea diario, no estA�n ocupados por personas que utilizan esta vA�a para un fA?cil acceso a menores y con ello facilitar el acceso a la comisiA?n de las conductas delictivas frente a los mA?s vulnerables.

Este Registro Central de Delincuentes Sexuales recogerA?, entre otros, datos relativos a la identidad y perfil genA�tico (ADN) de las personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en los que se incluyen la agresiA?n y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaciA?n sexual, prostituciA?n y explotaciA?n sexual y corrupciA?n de menores. Esta informaciA?n podrA? ser compartida con los Estados Miembros de la UniA?n Europea.

Este registro administrativo de apoyo a la AdministraciA?n de Justicia posibilitarA? la expediciA?n de las certificaciones que serA?n exigidas a todas las personas que pretendan acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con menores. De esta forma, se evitarA? que accedan a ellas individuos que hubieran sido condenados con sentencia firme por alguno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales mencionados anteriormente, asA� como por trata de seres humanos. SerA? un desarrollo reglamentario, en el plazo de 6 meses, el que marcarA? la forma de acceso al mismo, asA� como la forma en garantizarA? su uso dentro de la privacidad que se requiere en el manejo de esta informaciA?n sensible. El gobierno prevA� tener el reglamento y las bases de su funcionamiento para febrero de 2016.

Accede al texto completo de la Ley

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