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La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, publicada en BOE el 29 de julio de 2015 dotará de una mayor protección a los menores y personas especialmente vulnerables, que contrasta con los 19 años que tiene vigencia la anterioridad ley. Los cambios sociales continuos y la globalización a la que estamos sometidos requieren que el legislador contemple diversas modalidades concretas delictivas que permitan una mayor protección de la infancia y adolescencia.

Esta Ley consta de cuatro artículos, veintiuna disposiciones finales, además de siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.

Registro con adnConcretamente se modifica La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en diversos artículos. Especial atención requiere el cambio que se produce, por su novedad en nuestro país, en su artículo 13 que se incorporan dos nuevos apartados el 4 y 5 en relación a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores.

Por una parte, se establece el deber que tienen todas las personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, artículo 13.4Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal”. Se garantiza que los menores no estén sometidos a un trato degradante, o inmersos en la prostitución con conocimiento de personas que estén en su entorno; de una obligación moral pasa a ser una obligación legal.

Se establece, además, como requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores, que ya marcaba la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, artículo 13.5Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”. Tras los últimos acontecimiento sociales de gran relevancia social en el cual se ha tenido conocimiento de abusos sexuales en personas que estaban en contacto con ellos por su actividad profesional, se intenta garantizar que el acceso a puestos de trabajo en los cuales el contacto con menores sea diario, no estén ocupados por personas que utilizan esta vía para un fácil acceso a menores y con ello facilitar el acceso a la comisión de las conductas delictivas frente a los más vulnerables.

Este Registro Central de Delincuentes Sexuales recogerá, entre otros, datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en los que se incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. Esta información podrá ser compartida con los Estados Miembros de la Unión Europea.

Este registro administrativo de apoyo a la Administración de Justicia posibilitará la expedición de las certificaciones que serán exigidas a todas las personas que pretendan acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con menores. De esta forma, se evitará que accedan a ellas individuos que hubieran sido condenados con sentencia firme por alguno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales mencionados anteriormente, así como por trata de seres humanos. Será un desarrollo reglamentario, en el plazo de 6 meses, el que marcará la forma de acceso al mismo, así como la forma en garantizará su uso dentro de la privacidad que se requiere en el manejo de esta información sensible. El gobierno prevé tener el reglamento y las bases de su funcionamiento para febrero de 2016.

Accede al texto completo de la Ley

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